Plan de choque para reducir la temporalidad en administraciones

Con muy buen criterio el Ministerio de Política Territorial y Función Pública parece estar obstinado en reducir la temporalidad en las administraciones públicas, una de las muchas peculiaridades existentes en este sector y que viene definiendo, en contraposición a lo que ocurre en otros países homologables al nuestro, el día a día de la función pública española.

Todos hemos asistido, a veces con perplejidad y otras con vergüenza, a los subterfugios legales existentes, sobre todo en las corporaciones municipales, para eludir la fiscalización de los habilitados nacionales de carrera o del personal funcionario. Personas, salvo honrosas excepciones, de acreditada solvencia que han accedido a su trabajo tras un proceso selectivo sustentado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Ya era hora de que existiese un marco normativo explícito, claro, que apueste por lo público y dote al personal a su cargo de mecanismos suficientes para prestar con garantía y eficacia los servicios públicos. La incorporación del personal interino, dice el marco normativo de aplicación, solo puede hacerse en caso de urgencia o porque el servicio desempeñado no pueda realizarlo un funcionario. La realidad es, en muchísimas ocasiones, otra: interinidad suele ser sinónimo de uso y abuso de los responsables por cuanto para sortear la legalidad vigente de modo que necesidades estables y permanente son cubiertas de manera provisional y urgente.

La profesionalización del modelo de empleo público, con el centro en el personal funcionario de carrera, y la delimitación de los supuestos de nombramiento de personal temporal debe ser otro de los objetivos primordiales que deben ser abordados en esta reforma que ineludiblemente supondrá fortalecer una adecuada planificación de los recursos humanos al mismo tiempo que mantener la figura de personal funcionario interino, estableciendo su régimen jurídico de cara a garantizar la adecuada utilización de esta modalidad de persona.

Las administraciones públicas deben acompasar sus objetivos a las volubles exigencias sociales de su contexto. Nuestro país, por fortuna, también en este ámbito ha evolucionado mucho y bien. Recordemos, sin ir más lejos, cómo hace solo dos siglos el genial Mariano José de Larra retrataba la administración española bajo el contundente e inequívoco título de uno de sus brillantes artículos “Vuelva usted mañana”.